José Cademartori

Radio Nuevo Mundo, El Siglo, 18 Mayo 1999

Ya está a la vista que la reforma de la ley eléctrica que será promulgada en estos días, no abordará las causas ni las soluciones a la crisis energética. El problema no es circunstancial, sino estructural. Va quedando en claro que los apagones arbitrarios, los daños a las personas, el racionamiento discriminatorio, los perjuicios a los agricultores y los daños al medio ambiente son todas consecuencias de la privatización del sistema eléctrico. Desde que Pinochet entregó las principales empresas estatales de generación y distribución a sus funcionarios que se enriquecieron a costa del patrimonio nacional, hasta el gobierno de Frei que completó el despojo con la venta de Colbún Machicura, es una y la misma política. Los economistas de la Concertación y la Derecha afirmaron que las privatizaciones asegurarían un abastecimiento seguro y barato porque tenían los capitales, la tecnología y la eficiencia que el Estado carecía.

Ahora podemos ver que la rentabilidad de los grandes consorcios no asegura para nada el abastecimiento eléctrico. Los Grupos financieros económicos que se apropiaron de las centrales, líneas de transmisión y distribución, decidieron hace años desviar sus enormes ganancias hacia las privatizaciones en Argentina, Brasil y otros países. Resolvieron también embarcarse en otros negocios como autopistas, urbanizaciones, balnearios, empresas de agua, etc. Tenían los recursos financieros pero no los destinaron a la inversión en nuevas plantas, subestaciones, redes, etc. Simplemente las ganancias eran mayores en otros países y en otros negocios. Los neoliberales del gobierno y de la derecha dijeron que estaba bien, que no tenían ninguna obligación de invertir en la industria eléctrica que el estado les había entregado. Manifestaron que la privatización llevaría a la competencia entre las empresas, mayor eficiencia, costos y tarifas más bajas para los usuarios. Ha ocurrido todo lo contrario. La privatización conduce cada vez más a la concentración del poder económico y al monopolio y ahora a la deschilenización. Un poderoso grupo español ha terminado por adueñarse de ENERSIS, ENDESA Y CHILECTRA, o sea la mayor parte del sistema, desde las fuentes de agua hasta los medidores de las casas.

Lavín, Zaldívar y Lagos, ninguno ha propuesto cambios para preservarnos de este nuevo colonialismo. Ni la Concertación ni la Derecha quieren establecer controles mayores a los magnates de la electricidad ni intentan exigirles a las empresas su condición de servicio público. Al revés, les han dado luz verde a la monopolización y a la desnacionalización de una industria vital. En cambio, lo que Chile necesita es un plan a largo plazo que contemple las necesidades energéticas y ambientales, asegure el servicio a todos los chilenos, desarrolle todas las fuentes naturales posibles, eleve la eficiencia técnica del sistema y establezca tarifas que estimulen la productividad de la economía. Si los monopolios no pueden o no quieren cumplir con estos objetivos, la industria eléctrica debe ser nacionalizada y desprivatizada.